Una “entrevista”, les costó sanción en la Procuraduría: diputados podrán apelar

 En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó a siete diputados a la Asamblea del Quindío en ejercicio, para ejercer cargos públicos durante nueve meses, por entrevistar solo a tres y no incluir en las mismas sesiones de preguntas a los cinco candidatos que según la Universidad del Quindío obtuvieron el puntaje mínimo para aplicar al cargo de “Contralor Departamental” en 2016.

Catalina de San Martín Balcazar Salamanca, procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa indicó en el fallo que a los dos afectados (Gilberto Zaraza Arcila y Juan Carlos Ospina Arias), se les violó el derecho legítimo a ser elegidos, al no ser tenidos en cuenta en la entrevista de rigor.

Por el contrario, los diputados por recomendación del secretario General de entonces Andrés Mauricio Quiceno Árias, integraron una terna con los puntajes más altos, concepto que fue avalado por otros abogados preguntados en su momento. Es decir, solamente optaron por entrevistar a Laura Cristina Tabares Gil, Germán Barco López y Sandra Milena Fajardo, la última, quien resultó efectivamente elegida en enero de 2016. Con ese mismo argumento jurídico de violación al proceso de selección, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró nula la elección de Sandra Gómez como contralora departamental en noviembre de 2016, un poco más de 10 meses después de ejercer el cargo.

La sanción disciplinaria para los diputados consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el lapso de tiempo ya mencionado.

Los diputados son Néstor Jaime Cárdenas Jiménez; Luis Alberto Rincón Quintero; Maryluz Ospina García; César Augusto Londoño López; Gloria Patricia Pareja Giraldo; Paola Marcela Castellanos Acevedo; y Bernardo Valencia, por irregularidades en la elección del Contralor Departamental del Quindío para el período 2016-2019.

Según el fallo de primera instancia la conducta es dolosa porque se evidencia que para la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental del Quindío en enero de 2016, los diputados optaron consciente e injustificadamente en solo entrevistar a tres de los integrantes de la lista de elegibles que la Universidad del Quindío remitió por oficio el 30 de diciembre de 2015, lo que generó, de acuerdo con el ministerio público, una flagrante violación al debido proceso y el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos Zaraza Arcila y Ospina Arias.

Cabe señalar que la sentencia tiene recurso de apelación, el cual levanta la sanción de manera provisional mientras la Procuraduría, nivel central, dicta una decisión definitiva.

Lo anterior permite que los diputados puedan seguir ejerciendo hasta el resultado del mismo, el cual puede ser favorable o no a sus intenciones

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