Una cosa es equivocarse, otra actuar con dolo

Recientemente la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 11 años, al actual concejal Diego Fernando Cardona Carmona y por 12 años, al ex concejal y actual diputado Rodrigo Alberto Castrillón, por posesionar a Ángela Viviana López Bermúdez como personera del municipio de Armenia en el año 2016, sin contar con la plenaria en pleno y por la forma en como calificaron la entrevista.

Frente a esta sanción, el abogado Jaime Andrés López radicó ante la Procuraduría General de la Nación, un recurso de apelación, solicitando garantías, en el trámite del proceso disciplinario, de segunda instancia, que se adelanta en la ciudad de Bogotá, contra los ex concejales, y hoy diputado, Rodrigo Alberto Castrillón y el concejal, Diego Fernando Cardona. “Nos sorprendió un fallo en primera instancia donde destituyen e inhabilitan a mis defendidos, cuando procesalmente estaban dadas todas las posibilidades para que ellos fueran absueltos, porque así lo indicaban los argumentos, las pruebas y todo lo que se había adelantado dentro del proceso disciplinario en la procuraduría regional del Quindío” aseveró López en EL CAFÉ DE LA MAÑANA de LOS JUANES Radio, 92.1 FM.

El jurista también afirmó que, «este fallo va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impide la destitución de funcionarios elegidos por voto popular, e incluso va en contra, de la misma circular del Procurador General de la Nación, cuando se afirma, que él si tiene la competencia para inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular, por actos de corrupción , pero el caso específico de los concejales, según la defensa, fue por un eventual error que ellos cometieron, al momento de calificar la entrevista, en la elección del personero en el año 2016, el abogado afirma que esto no se configura en ningún acto de corrupción.

“El fallo de la primera instancia de la procuraduría regional, es tan absurdo, que dos elementos de la responsabilidad disciplinaria, no fueron probados, primero, la falta gravísima, que ellos reprochan, es actuar con el fin de defraudar una norma de carácter imperativo, pero la Procuraduría, nunca nos dijo cuál era la norma de carácter imperativo que habían violado mis defendidos. Por eso, la falta no se configuró, no hay tipicidad de la conducta. Segundo, el tema del dolo, porque según el fallo, ellos actuaron con dolo, porque ellos tenían la intención de violar una norma de carácter imperativo, que reitero no existe, y de calificar, de manera inadecuada, una entrevista. Fueron 15 los testigos, entre profesionales del derecho, aspirantes a cargos de personero y asistentes de concejales, que confirmaron que los disciplinados se asesoraron debidamente, para calificar la entrevista de esa manera, a todos les pareció que era la forma correcta, porque no existía norma que dijera lo contrario. El jurista sustentó que esta acción automáticamente rompe el dolo” expuso el abogado.

Lo que se busca con el recurso de apelación que presentó la defensa, es que se garantice la imparcialidad y objetividad, para que en la segunda instancia se expida un fallo en derecho.

Otro de los argumentos que presenta el jurista, es que, para el año 2016, no existía ninguna norma ni ley, que reglamentara el paso a paso del concurso público de méritos, y tampoco existía una forma que les indicara como debían llevar a cabo la entrevista ni la forma de calificarla. Además la plenaria delegó en la mesa directiva, llevar a cabo la entrevista, que en ese entonces la conformaban los concejales señalados.

Igualmente el abogado argumenta que, Diego Fernando Carmona y Rodrigo Alberto Castrillón exploraron varias alternativas, la socializaron con los aspirantes, con los corporados y con más de 10 abogados, internos y externos del concejo, y todos coincidieron que era legal llevar a cabo la entrevista, y la forma como calificarla.

Con estos argumentos, el abogado se pregunta, ¿Cuál es el acto de corrupción? , ¿Cuál es el delito?, ¿Cuál es el acto reprochable, en virtud al código penal, que configura ello, para que merezcan hoy destitución e inhabilidad de más de 10 años?

Una cosa es equivocarse, otra actuar con dolo

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