Tribunal Administrativo del Quindío pone en jaque a la Gobernación

 

La rehabilitación de la vía Río Verde – Pijao toma otros tintes. El Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, ordenó al Departamento del Quindío, al Municipio de Pijao y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que adopten las medidas administrativas y presupuestales necesarias para lograr la reapertura de la vía.

Pese a que la Gobernación informó que el proceso de rehabilitación tomaría mínimo seis meses, el Tribunal ha dado un límite significativamente más corto, en aras de evitar más afectaciones a los habitantes del municipio de Pijao.

Según la medida cautelar el gobierno seccional, la administración municipal de Pijao y la CRQ deben, “realizar la identificación de los puntos críticos de la vía (Un (1) mes desde la expedición de este auto). 2. Las obras de bioingeniería necesarias para lograr la reapertura de la vía Río Verde – Pijao, con el fin que evitarse o mitigarse desastres y afectación de la seguridad de la comunidad del municipio de Pijao (Dos (2) meses desde la expedición de este auto); si no lo hacen so pena del trámite incidental por desacato consagrado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998”.

En respuesta, la Gobernación emitió un comunicado expresando respeto y acatamiento al ordenamiento judicial y a la decisión del tribunal: “Sin embargo, el equipo de Defensa Judicial del departamento, en compañía del equipo técnico de la secretaría de Aguas e Infraestructura considera que el procedimiento y el fundamento que tuvo en cuenta el Tribunal para su decisión no consideró los criterios técnicos de la ciencia de la ingeniería, ni los tiempos que requieren las gestiones públicas y las obras mismas, para dar cumplimiento a las órdenes impartidas”.

En este sentido, el gobierno departamental está preparando el recurso jurídico de ley para dar respuesta a las medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo, según dijo el secretario de Representación Judicial y Defensa Jurídica del departamento Jamer Chahip Giraldo Molina.

Origen del fallo: Acción popular

La abogada Gloria Yolanda Espitia Peña, presentó una demanda en ejercicio de la acción popular en contra el departamento del Quindío, el municipio de Pijao y el instituto nacional de vías – invias, con el fin que se declarara vulnerado el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres de los habitantes del municipio y de los que transitan por el sector vial que de río verde conduce a pijao, solicitando una medida cautelar el pasado 8 de julio de 2019.

La medida está dividida en dos puntos centrales: la primera el mantenimiento de la vía, realizando limpieza de cunetas, desviación de aguas de escorrentía, con el fin de hacer cesar un peligro inminente al que están expuestas las personas que transitan por el lugar, en vehículos o a pie , y la segunda es la responsabilidad del ente territorial competente, en llevar a cabo intervenciones que eviten continuar el deterioro de la vía mientras se lleven a cabo los trámites internos para que se realicen las obras que permitan restablecer la movilidad de la misma hacia el municipio de Pijao.

Dicha solicitud de la demandante hacia el Tribunal Administrativo del Quindío fue aceptada, debido a que las pruebas relacionadas implicaban que su negativa fuera más perjudiciales al interés público que las mismas medidas solicitadas, en vista que existen múltiples amenazas a nivel ambiental y afectaciones económicas en la población por las condiciones de la vía.

El asesor jurídico del departamento precisó sobre el cierre de la vía que, “El departamento del Quindío es responsable de autorizar el tránsito por esta vía, en plenas condiciones de seguridad. De manera que el cierre es una decisión estrictamente técnica, encaminada a la protección de la vida de todas las personas”.

Detalles sobre la rehabilitación de la vía

La inversión contempla la estabilización y recuperación de la banca en el kilómetro 9+800 de la vía Río Verde –Pijao donde se invertirán $1.284 millones de pesos, la construcción de muros en cuatro puntos críticos de ese carreteable para el que se deben destinar $547 millones de pesos, la rehabilitación de 13.2 kilómetros de pavimento por $14.901 millones de pesos y la construcción de seis muros en la vía Córdoba – Pijao con un valor de $891 millones de pesos.

El plazo total para la terminación de las obras está contemplado en 12 meses, pero para el caso puntual del kilómetro 9+800 donde el paso está cerrado, el plazo será de seis meses una vez se inicien las obras, esto significará la habilitación del paso hacia el municipio cordillerano en el menor tiempo posible. No obstante, el Tribunal Administrativo del Quindío señala que dicha habilitación de la vía debe realizarse en dos meses.

El secretario de Representación Judicial y Defensa Jurídica del departamento explicó que es importante señalar que algunas de las actividades por parte del Tribunal en el auto de las medidas cautelares, obedecen a lo que sería la solución final, una solución integral y de gran magnitud.

“Esa solución requiere de estudios y diseños técnicos de obras de ingeniería y bioingeniería que demuestren que son las indicadas, de acuerdo con la topografía del terreno, pero también que se deben adelantar los respectivos procesos de contratación, lo cuales implican los plazos establecidos en el Estatuto de Contratación Pública”, señaló el funcionario.

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