Procurador General de la Nación enmienda yerros de sus subalternos en el Quindío: caso del Curador Dos de Armenia

El fallo que ordenaba la destitución e inhabilidad en cargos públicos por 8 años para José Elmer López Restrepo, Curador Urbano Nº 2 de Armenia, fue echada por tierra ante la vulneración del debido proceso y la violación al derecho a la defensa.

Dentro del marco de las obras del complejo cultural y turístico en la antigua estación del ferrocarril, el ingeniero López Restrepo otorgó dos licencias en los años 2014 y 2015, en donde, habría presuntamente incurrido en falta disciplinaria al autorizar la construcción de parqueaderos y bodegas en el mencionado edificio, sin verificar la existencia de la autorización del proyecto por parte del Ministerio de Cultura.

La Procuraduría Provincial de Armenia determinó en 2018 que el ingeniero “omitió verificar la existencia de la autorización del proyecto para los usos específicos en una zona declarada bien de interés cultural del ámbito nacional”, hecho que señala que la posible falta sería calificada provisionalmente como gravísima.

Por lo tanto, esa agencia disciplinaria de Armenia emitió fallo de primera instancia contra el disciplinario el 13 de diciembre del año pasado, en la que impuso una sanción de multa por valor a 600 SMLMV e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años. No obstante, el fallo tenía un error jurídico que se pasó por alto, incluso hasta después de la segunda instancia, que si bien  esta última alivianó la sanción, porque la bajó a ocho años y desapareció la multa, no subsanó el yerro jurídico, que afectó los derechos de José Elmer López.

El procurador regional del Quindío, habiendo establecido que su homóloga, pero de Armenia (Provincial), omitió correr traslado los alegatos de conclusión, lo cual constituye en una clara violación a los derechos constitucionales del curador, debió solicitarle a su jefe Fernando Carillo Flórez, máxima autoridad en Colombia del ministerio público, que declarara nulo lo actuado, lo que obligó a enmendar el error, echando para atrás todo lo fallado. Valga la pena aclarar por un tecnicismo jurídico y no porque el curador hubiera demostrado su inocencia disciplinaria.

Una cadena de errores

El caso fue llevado a la Procuraduría General de la Nación que descubrió que ambos fallos realizados por la Procuraduría Provisional de Armenia y la Procuraduría Regional del Quindío tenían fallas de procedimiento, desde luego, al estar viciada la primera, la segunda por obvias razones también.

El verdadero problema se presentó cuando en la Procuraduría Provincial de Armenia, no se tuvo en cuenta lo que contempla la ley 734 del 2002 en el artículo 180, el cual señala que: “antes de proferir fallos, las partes podrán presentar alegatos de conclusión” que se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes y será decidido dos días después por el respectivo superior.

Dichos alegatos de conclusión pertenecen al proceso de recurso de apelación que tiene el investigado, cuyo derecho fue vulnerado, conllevando a que la Procuraduría Regional del Quindío evidenciará una violación al derecho a la defensa, incluso después de su fallo de segunda instancia.

Se le protegieron los derechos fundamentales al curador

“Teniendo en cuenta la inminencia de un perjuicio irremediable, toda vez que, de no suspender los mencionados actos administrativos, podría ser ejecutados de inmediato, causando mi representado en sus funciones con lo cual se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, y al mínimo vital” señala la solicitud entregada por la defensa del Curador al Tribunal Administrativo del Quindío, entidad que traslado la petición a la Procuraduría General de la Nación.

Por lo tanto, la máxima instancia de la Procuraduría General de la Nación le respondió al Tribunal quindiano con la medida que revocó la sanción impuesta al curador.

¿Qué fue lo que pasó?

Con esta decisión quedan en el aire varias preguntas, que es necesario que respondan en la Procuraduría.

¿Cómo fue posible que estas irregularidades hayan pasado por alto en ambos despachos del ministerio público (Provincial y Regional), después de dos fallos?

El caso es, que la sanción disciplinaria transcurrió por seis meses sin piso legal y aun así llegó a varias audiencias hasta que la Procuraduría General debió tomar el timón de un barco que se hundía jurídicamente, en caso muy controvertido, que hace parte de uno de los escándalos de la administración de Luz Piedad Valencia.

¿El curador demandará a la Procuraduría?

¿Qué pasará entonces con las presuntas faltas disciplinarias, catalogadas como gravísimas, al parecer comprobadas en los fallos de primera y segunda instancia?

Ahora falta esperar que pasará con las próximas audiencias que estaban fijadas el 16, 17, 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto todas a las 9:00 de la mañana, ante la respuesta de la Procuraduría General de la Nación.

Procurador General de la Nación enmienda yerros de sus subalternos en el Quindío: caso del Curador Dos de Armenia

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