Potencial condena de cuatro años contra “Pacho” Valencia, muy baja: Procuraduría puso grito en el cielo

 

Ante la información filtrada, en el sentido de que la condena que se proyecta imponer al cerebro del desfalco de la valorización en Armenia, tasado en 22 mil millones de pesos, sería de cuatro años de cárcel,  la Procuraduría General de la Nación puso el grito en el cielo y a través de sus agentes judiciales, indicó que no está de acuerdo con esa pena, que podría ser aplicada en los próximos días a Francisco Valencia Salazar, ex esposo de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, también privada de la libertad por varios presuntos delitos relacionados con el mismo escándalo.

Hay que tener en cuenta que el ente de control hace parte del ministerio público. Y en su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa, por lo que sus opiniones son muy tenidas en cuenta por los jueces.

En este caso, los representantes de ese organismo pidieron que la condena que se le imponga a “Pacho” Valencia sea proporcional al daño causado a la ciudad.

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Es importante recordar que el acusado confesó haber sido responsable de todos los delitos que le atribuyó la Fiscalía, desde el primer día que se le leyeron los cargos:

  • Autor de peculado por apropiación en calidad de interviniente (con una pena de cárcel 96 a 405 meses) multa del valor de lo apropiado, inhabilidad por el mismo término (detrimento tasado en $22 mil millones), por presuntamente haberse apropiado de los anticipos de los contratos para las obras de valorización.
  • Autor de concierto para delinquir agravado (con una pena de cárcel de hasta 108 meses).

El representante del ministerio público se opuso a que la sanción intramural que se le imponga sea de tan solo 48 meses, como lo pidieron la defensa y la Fiscalía. Los abogados llegaron al extremo de proponer, en un principio casa por cárcel a su defendido, ante la colaboración entregada por Valencia, cuyas pruebas presentadas provocaron la judicialización del ex alcalde Carlos Mario Álvarez Morales.

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El mismo agente alegó que el confeso cerebro del mecanismo de desvío de dineros públicos no ha devuelto los recursos económicos perdidos, requisito fundamental para gozar de semejante reducción, a manera de reparación a la ciudad.

A toda la familia Valencia y al resto de implicados les fueron congelados todos sus bienes por valor superior a los 156 mil millones de pesos, pero para la Procuraduría esto no es suficiente, toda vez que no está claro cómo se va a resarcir el municipio afectado por el grave delito cometido por Valencia.

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