Piedad Correal y su esposo denuncian penalmente “memes” y mensajes difamatorios

La campaña política en el Quindío cada vez se calienta más y no por cuenta de los discursos, de las propuestas y de la competencia electoral, que debieran estar inundando los medios de comunicación y las redes sociales,  a menos de 75 días de las elecciones, sino por la denominada “publicidad negra” o sucia, que lo que busca es acabar con la honra de las personas de bien.

Esta práctica mal sana, dedicada a desacreditar, no solamente enrarece el proceso electoral, sino que crispa los ánimos al punto de cruzar la línea penal e incurrir en delitos como la calumnia o la injuria, que claramente está prohibido por la ley.

En las últimas horas la exdefensora del Pueblo y candidata a la Alcaldía de Armenia, Piedad Correal Rubiano y su esposo, el empresario Oscar Antonio Arango Restrepo, entablaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra varios ciudadanos, que según ellos, estarían orquestando y difundiendo mensajes injuriosos, que lo que buscan es, no solamente desacreditarlos como ciudadanos, sino “vender” una imagen distorsionada del proyecto político de la abogada que busca convertirse en alcaldesa de la capital Quindiana.

Ciudadanos de bien

De Piedad Correal muy poco pueden decir en forma negativa o que la vinculen a la clase política actual, porque estuvo 21 años como Defensora Regional del Pueblo del Quindío, y logró mantenerse gracias a su gestión, la que fue catalogada como una de las más destacadas a nivel nacional, por el propio Defensor Nacional del Pueblo.

Del hombre de negocios Oscar Arango menos. Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Los Andes, empresario por más de 30 años en diversos sectores de la economía, miembro muchas veces de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia, muy cercano a todos los gremios económicos, es un empresario respetado en todos los ámbitos locales y regionales, cuyas posiciones siempre han sido en defensa del libre mercado y la transparencia. Nunca ha sido funcionario público.

La Corte Constitucional ha concedido varias tutelas a personas que resultaron ofendidas por publicaciones de otros ciudadanos en las redes sociales Facebook y Twitter, especialmente. En tal virtud, ha ordenado realizar rectificaciones, sin descartar acciones penales, dependiendo del nivel de afectación al buen nombre de los perjudicados.

La Corte considera que en materia de controles institucionales tanto en medios de comunicación no virtuales, como virtuales, la libertad de expresión conlleva el mismo grado de responsabilidad, sin necesidad de ser periodista. En pocas palabras, tiene el mismo impacto.

Aquellas personas que produzcan, reenvíen y multipliquen mensajes injuriosos por las redes sociales podrían ser sometidos a multas e incluso, a penas privativas de la libertad, en caso de resultar culpables.

¡Lo mejor es evitar reenviar y viralizar ese tipo de mensajes, si no quieren verse metidos en graves problemas!

Piedad Correal y su esposo denuncian penalmente “memes” y mensajes difamatorios

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