Los Congresistas no podrán manejar el presupuesto general de inversión

 

El proyecto que buscaba que los Congresista tuvieran mayor participación presupuestal se cayó por falta de tiempo para su trámite.
A pesar de que los legisladores colombianos cada año estudian y aprueban el presupuesto general, el cual es distribuido en cada una de las regiones a través de Planeación Nacional, pretendían conseguir más participación en el ciclo presupuestario. ¿Cuánto es más?: el 20% del presupuesto general de inversión.

La Nación tiene 46,8 billones del presupuesto para inversión, debido a ellos los expertos estiman que el 20 % se estaría hablando de $ 9,36 billones, con el cual, cada congresista podría asignar para proyectos de las regiones hasta $33.500 millones del Presupuesto de 2020.

Pero, se les acabo el tiempo a los Congresistas. El proyecto de acto legislativo que buscaba modificar la Constitución colombiana para que los congresistas pudieran manejar el 20% del presupuesto general de inversión, se derrumbó ante al poco tiempo de ejecución que tendría, según la norma, hasta el 20 de junio. Por esta razón las diversas tareas que faltan por evacuar, sería imposible cumplir ese propósito en 8 días. Esto se debió a que La Comisión Primera de Senado no sesionó ni el miércoles ni el jueves, dejando el cronograma en el aire.

Origen de la iniciativa

Uno de los argumentos más fuerte y resonante en el Congreso para conseguir que el proyecto tuviera el visto bueno en seis debates de ocho, fue la realizada por Germán Navas Talero, autor del acto legislativo y representante por el Polo Democrático, quien puso de ejemplo a los Estados Unidos como un modelo a seguir en donde el Congreso cuenta con una oficina técnica en temas presupuestales que le permite una mayor injerencia en el gasto del Estado.

Curiosamente, en el Congreso de Colombia fue aprobado un proyecto que tiene como iniciativa la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Legislativo. Esta propuesta fue realizada por el actual senador Rodrigo Lara Restrepo, antiguo presidente del Cambio Radical. Por eso, no es de extrañar, que en el Congreso se plantee la posibilidad de volver a radicar la iniciativa de Navas después del 20 de julio.

Cabe destacar, que el proyecto tiene como objetivo, según German Navas, evitar la mermelada: “Nos volvimos un Congreso de firmones. En el presupuesto no se puede modificar nada sin el aval del Gobierno. En esa relación surge la ‘mermelada’. Por eso, esta es una medida antimermelada” puntualizó el congresista.

En ese orden de ideas, usar como referente a los Estados Unidos se debe principalmente a que el Gobierno de ese país presenta un proyecto y el Congreso lo recibe como una propuesta que puede ser modificada, aspecto, que no se realiza en Colombia; el congreso funciona como un filtro de aprobación.

No obstante, Planeación señala que “el 20 % asignado por el Congreso sería otra inflexibilidad que generaría presiones fiscales, en contra de la sostenibilidad fiscal”.

Los opositores a la iniciativa aseguran que de aprobarse las calificadoras de riesgo podrían concluir que el gobierno no tiene manejo de la política fiscal, afectando la valoración de esta, rebajando la calificación soberana del país y perdiendo el grado de inversión. Esto sumando a que la propuesta “antimermelada”, para algunos es abrirle la puerta a la corrupción en el presupuesto público en cada región del país.

Hasta el momento, la iniciativa está parada y solo después del 20 de julio se podrá saber, a ciencia cierta, si pasará todos los filtros de cada debate para que llegue a sanción presidencial.

¿Qué piensan los Representantes de la Cámara del Quindío?

Para Diego Javier Osorio, representante a la cámara por Centro Democrático, piensa que esta iniciativa rompe el principio de programación y permite que un volumen importante de recursos se asigne independiente de las líneas de política el Plan Nacional de Desarrollo.

“Considero que podría generar atomización de recursos en pequeños proyectos sin un verdadero impacto sobre el desarrollo del territorio. Este Proyecto de Ley podría ser inconveniente e inviable para trazar un presupuesto con la seriedad y la madurez de unos indicadores de política de desarrollo, que busque mejorar los niveles de calidad de vida de la población y contribuya a incrementar la productividad del sector formal de la economía en términos de competitividad” aseveró Osorio.

Por su parte, el Representante a la Cámara por el partido Liberal, Luciano Grisales, consideró: “aunque podría tener buenas intenciones, esta iniciativa es muy compleja y difícil en un contexto de tanto desprestigio del Congreso. En parte, porque se asume que es volver al modelo de los auxilios parlamentarios, en parte porque la propuesta desnaturaliza la labor que la Constitución le otorgó al legislativo, en la medida que le da herramientas para controlar la inversión, que es un asunto muy delicado.”

El Congresista también agregó que “la relación entre gobierno y congreso debe redefinirse, porque hoy el legislativo está constreñido por las decisiones que en materia presupuestal toma el gobierno en especial desde el Ministerio de Hacienda, lo que resta capacidad de control efectivo a este poder público. Ello en últimas ha sido utilizado por los gobiernos de turno para presionar o “convencer” a los congresistas, pero por debajo de la mesa y no públicamente. Esto es lo que se ha llamado en los últimos años ‘la mermelada’”.

Por último, la congresista Aydé Lizarazo Cubillos, representante por el partido MIRA, “frente a esto lo primero que quiero resaltar es que era un acto legislativo que modificaba de fondo la competencia que el ejecutivo hoy tiene para distribuir el presupuesto nacional. Segundo, cambiaba la organización institucional y la distribución de competencias, que precisamente la constitución del 91 otorgó originalmente al ejecutivo, y que este hecho, es decir, el hecho que el Congreso tuviera una iniciativa en el gasto le iba a traer una serie de dificultades adicionales al actual Gobierno, lo cual, iba a romper de pleno la planeación que tiene y que debe estar en cabeza del Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, donde hay una serie de principios que debe guardar una armonía y estar sujeto a una planificación”.

Además la congresista añadió que otorgarle al congreso el manejo de una parte del presupuesto nacional iba a hacerlo más fuerte en comparación con las demás ramas del poder público “y ante este tipo de poderes o superpoderes legislativos sobre los demás, pues, no estamos de acuerdo, y cuando digo esto, me refiero a la bancada del partido MIRA, toda vez que todo tiene que ser equilibrado” puntualizó Lizarazo. Sin embargo la representante a la cámara está de acuerdo en que buscar otras formas en donde el Congreso pueda tener una injerencia, una participación activa y directa para decisiones sobre las partidas que se destina a las diferentes regiones y que “finalmente pueda repercutir en el fortalecimiento regional o local, pero no a través del manejo directo de porcentajes presupuestales” enfatizó.

Para los tres congresistas el proyecto se derrumbó por falta de solidez, aunque la iniciativa ya de por sí manifiesta un interés en tratar de rediseñar la relación entre el congreso y el gobierno a la hora de tomar decisiones en el uso del presupuesto de la Nación a nivel tanto regional como nacional, la autoridad competente para distribuir el presupuesto seguirá siendo el Gobierno por instancia constitucionales. A menos, que como lo sugiere Aydé Lizarazo, en un futuro se le permita a los Congresistas poder presentar proyectos ante las entidades encargadas sea durante el transcurso de los cuatro años de mandato o antes de publicarse el Plan de Desarrollo Nacional.

Los Juanes consultó igualmente a Atilano Giraldo, pero fue imposible conocer su versión al cierre de la presente nota.

Los Congresistas no podrán manejar el presupuesto general de inversión

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