“Los candidatos del Quindío no han registrado sus gastos de campaña”: Consejo Nacional Electoral

 

El conversatorio sobre delitos electorales, reglas vigentes, propaganda electoral e inhabilidades, tenía como principal objetivo brindar información determinante a los candidatos, para que no incurran en infracciones; y a los electores, para que puedan actuar como veedores a la hora de denunciar irregularidades durante la campaña electoral o el día de las votaciones.

En esta campaña que antecede a la jornada democrática que se celebrará el próximo 27 de octubre, tiene una antesala inevitable de conocimiento público, donde toda la población quindiana deberá ponerle la lupa a las actividades que realicen los candidatos que aspiran a la alcaldía, gobernación, concejo y asamblea departamental que incidan en delitos electorales.

Desde el año pasado se anexaron cinco nuevos delitos, entre ellos, superar los gastos límites de campaña, que de incurrir un candidato en ello iniciaría un proceso de sanción penal que podría derivar en una pena que va de 4 a 8 años de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa que será el mismo valor de lo excedido en la financiación de la campaña electoral.

Es importante hacer hincapié en este particular delito, porque el Consejo Nacional Electoral dejó al servició de los candidatos una plataforma en donde podrán registrar los gastos que realicen, esto con el fin de tener un control y monitoreo de los recursos utilizados durante la temporada electoral, que, hasta el momento, pasado un mes después del cierre de inscripción de candidatura, ningún candidato a cargado sus gastos de campaña.

Así lo confirmó, Jaime Luis Lacutir Peñalosa, Magistrado del Consejo Nacional Electoral: “el aplicativo de Cuentas Claras está habilitado. El Consejo Nacional electoral a través de fondo de financiación de campañas políticas remitió a todos los partidos y movimientos políticos las contraseñas y las claves, para que cada candidato, el gerente de campaña o contador cargue el gasto en el que ha incurrido cada ocho días y hasta el momento, los más de mil candidatos que tiene para todas las corporaciones públicas en el departamento del Quindío, no han accedido a la plataforma, para cargar los gastos de campaña”.

Esto quiere decir, que las vallas publicitarias que pululan en la ciudad de Armenia y otros municipios del departamento, los coches que están decorados con los rostros de los candidatos, panfletos informativos, automóviles para perifoneo, entre otros, se encuentra sin registrar en la cuenta única de la plataforma, por ende, los candidatos hasta el momento han faltado cuatro veces al deber de registrar sus gastos cada ocho días como lo estable el Consejo Nacional Electoral.

“Es una obligación de los candidatos, los contadores o los gerentes de campaña, reportar los gastos, primero darle apertura a la cuenta única de campaña; segundo, registrar todos los recursos y, por último, ir cargando cada ocho días el gasto en el que incurren. Al no hacerlo, los candidatos tendrán una sanción administrativa” puntualizó Peñalosa.

Ciudadanos como veedores de la democracia

Si bien el funcionario resalta que en el Quindío no existe una alerta de trashumancia, es decir, no existen alteraciones en las inscripciones de cedula con relación al censo poblacional, pese a que actualmente hay 22.000 nuevas personas inscritas, situación que obedece al retorno de colombianos en el departamento, los procesos de regulación para evitar que los recursos destinados a salud, educación, saneamiento y servicio públicos se encuentran fuertemente custodiados, para evitar sean utilizados para fines electorales.

Teniendo en cuenta que, el departamento tiene un potencial electoral de 476.367 personas, donde la capital cuenta con 252.433 potenciales electores, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría, establecieron unos topes máximos de gastos por departamento y municipio, para la gobernación del Quindío es de $1.772’939.073, Alcaldía de Armenia es de $1.477′.937.042; Asamblea Departamental de $253′.674.817 y al Concejo de Armenia es de $141′.735.679.

Estos paramentos deben ser de conocimiento público, con el fin de que la ciudadanía actúe como veedores en estas elecciones. Pedro Felipe Gutiérrez, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral puntualizó que, “el organismo viene trabajando para evitar que se presenten hechos que puedan alterar el proceso electoral, haciendo las visitas de capacitación y desplazándose para que la ciudadanía conozca cuáles son las reglas de juego dentro de ese proceso en la etapa preelectoral y el día de las elecciones. También que conozca qué puede hacer y qué no, en el tema de divulgación de la publicidad, cómo es el manejo de las cuentas, cuando debe tener un contador, y que se preparen para el día de las votaciones y el escrutinio”.

A continuación se presentan los 16 delitos electorales contemplados en el Código Penal Colombiano que pueden ser denunciados de manera completamente anónima, vía telefónica o por internet, ante la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la MOE o la Procuraduría:

1 – Perturbación del certamen democrático (4 a 12 años de cárcel y multa de $39 millones hasta $156 millones):
Comete este delito la persona que mediante engaño perturbe o impida a alguien la votación o el escrutinio. La pena será mayor si se hace mediante violencia.
2 – Constreñimiento al sufragante (4 a 18 años y multa hasta $156 millones):
El que amenace o presione a un votante para obtener apoyo o votación por determinado candidato, por el voto en blanco, o por los mismos medios le impida votar. La pena será más alta si la perpetra un servidor público.
3 – Fraude al sufragante (4 a 16 años y multa hasta $156 millones):
Incurre en esta conducta el que con engaños obtenga que un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. La pena será más alta si es cometida por un funcionario o si hay amenazas de pérdidas de servidor público, estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales.
4 – Corrupción al sufragante (4 a 8 años y multa de $156 millones hasta $781 millones):
Comete este punible el que celebre contrato, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficios a un ciudadano para que vote por un determinado candidato, voto en blanco o se abstenga de hacerlo.
5 – Voto fraudulento (4 a 8 años y multa hasta $156 millones):
Cae en este delito el que suplante a un votante, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección.
6 – Favorecimiento al voto fraudulento (4 a 9 años y multa hasta $156 millones):
El servidor público que permita suplantar a un sufragante, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, y será inhabilitado para ejercer cargos públicos por hasta 18 años.
7 – Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección (4 a 9 años y multa hasta $156 millones):
Comete esta ilegalidad el funcionario que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, y tendrá inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.
8 – Alteración de resultados electorales (4 a 8 años y multa hasta $156 millones):
El que altere por medio distinto de los delitos previos el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente.
9 – Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (4 a 8 años y multa hasta $156 millones):
Cae en esta conducta quien haga desaparecer, posea o retenga la cédula ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al voto.
10 – Denegación de inscripción (4 a 8 años y multa hasta $156 millones):
El funcionario a quien corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, y será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de la pena.
11 – Fraude a inscripción de cédulas (4 a 9 años y multa hasta $156 millones):
Perpetra este punible una persona que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban cédula en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en la elección. Y quien inscriba su cédula en estas condiciones también delinque con iguales consecuencias.
12 – Tráfico de votos (4 a 9 años y multa de $312 millones a $937 millones):
Comete este delito quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva para que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, se abstengan de hacerlo o lo hagan por el voto en blanco.
13 – Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (4 a 8 años y multa hasta $937 millones):
El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas para financiar campañas electorales. Será además inhabilitado por el mismo tiempo de la pena. Y la misma sanción tendrá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente.
14 – Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (4 a 8 años y multa por el valor excedido):
El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. Recibirá también inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
15 – Omisión de información del aportante (4 a 8 años y multa hasta $937 millones):
Incurre en este punible quien no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales.
16 – Elección ilícita de candidatos (4 a 9 años y multa desde $156 millones hasta $624 millones):
Quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.

“Los candidatos del Quindío no han registrado sus gastos de campaña”: Consejo Nacional Electoral

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