Intereses de la comunidad están por encima de los  plazos para designar alcalde: Corte Suprema de Justicia

A propósito del ejemplo utilizado en días pasados por el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá (caso de Gobernación del Departamento de Córdoba) para “tomarse todo el tiempo” y no tener “un plazo perentorio” en la designación de alcalde de Armenia en propiedad, además del anuncio dado a conocer este fin de semana en el Quindío por el secretario general del Partido Liberal a nivel nacional Miguel Ángel Sánchez, en el sentido del compromiso hecho por Osorio de seleccionar a un mandatario local en propiedad, de la terna enviada, máximo el 20 de septiembre, LOS JUANES se dieron a la tarea de escudriñar jurisprudencias relacionadas con plazos para tomar ese tipo de decisiones, además de consultarlas con abogados.

En medio de la búsqueda este portal se topó con la sentencia STC19037 del 15 de noviembre de 2017, en la que la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo de un juez local de primera instancia de Riohacha que obligó al Ministerio del Interior en un plazo máximo de un mes, para designar gobernador en propiedad del departamento de la Guajira, tras la suspensión del titular Wilmer González Brito, por pesar contra él una medida de aseguramiento, decisión que había sido dilatada por el gobierno nacional por cinco meses.

La sentencia aclara que aunque en el ordenamiento jurídico no hay estipulado expresamente un término para que se designe mandatario en propiedad de la terna enviada por el partido político, “lo cierto es que tal potestad se entiende que debe ser ejercida a la mayor brevedad posible, claro está, de no mediar inconveniente alguno con los integrantes de la terna, a fin de lograr la defensa de la estabilidad y la eficiencia de la administración pública y de las conveniencias del territorio afectado con dicha situación administrativa, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el inciso final del artículo 106(2) de la Ley 136 de 1994(3)”.

En consecuencia, si los integrantes de la terna no tienen ningún impedimento, el mandatario seccional tendría que nombrar alcalde en propiedad de esos tres nombres.

Lo que queda claro es que si bien no existe un plazo máximo, la Corte ratifica que “…no se pueda admitir como que la ausencia de un término específico para llevar a cabo la reseñada designación, autorice a tomarse el tiempo que estime necesario para ello, pues, a no dudarlo, están en juego no solo garantías ius fundamentales sino los intereses de la comunidad”.

Varios abogados consultados, coincidieron en que por encima de los plazos y el cumplimiento de todos los procedimientos de los que en diferentes medios habla el gobernador, están los derechos de los ciudadanos, que son los que resultan afectados por la falta de gobernabilidad.

“Y la gobernabilidad se refleja en las decisiones efectivas, y no precisamente en que no esté sentado un alcalde en el despacho, así sea encargado. Sin pretender atacar o defender a nadie, el alcalde Álvaro Árias Young tiene las manos totalmente atadas políticamente en la práctica, al estar ejerciendo un encargo. Es decir, no tiene la legitimidad para hacer una crisis, pedir renuncias, recomponer su equipo y redireccionar el municipio hacia la recomposición del mismo, cumpliendo eso sí con el Plan Municipal de Desarrollo del titular Carlos Mario Álvarez, quien renunció. Es una situación que no está escrita en el código, pero que afecta la confianza, la credibilidad y la misma gobernabilidad. Todo eso perturba a los ciudadanos, a los armenios. Ese es el error en el que está incurriendo el señor gobernador. No está infringiendo la ley en forma directa, pero su actitud dilatoria está ocasionando un enorme daño a su credibilidad y a la misma ciudad. A eso nos referimos con la interpretación del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, dijo un constitucionalista consultado.

Concluye el análisis de otro experto, que la afectación a los ciudadanos se da, cuando no tienen un mandatario local en propiedad, porque según la Corte Suprema de Justicia, el en fallo en cuestión, “… los ciudadanos no podrán ejercer el debido control político al actual burgomaestre encargado, por no ser el funcionario de quien se pueda solicitar una eventual revocatoria del mandato, en caso de no llevar a cabo una buena labor en el cargo, menos aún ver la continuidad del programa de gobierno que eligieron como norte para su desarrollo, garantía que, independientemente de la grave situación económica y social que afronta ese ente territorial, debe ser respetada por cualquier autoridad, incluido el primer mandatario”, puntualizó el abogado.

Intereses de la comunidad están por encima de los plazos para designar alcalde: Corte Suprema de Justicia

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