Impuestos para bolsillos de particulares es criminal, denunció el Fiscal

 

Mientras el Concejo de Armenia discutía el proyecto de valorización, en medio de una profunda polémica azuzada por la guerra política entre la entonces gobernadora y alcaldesa, Sandra Paola Hurtado Palacio y Luz Piedad Valencia Franco, respectivamente, muy posiblemente en otro escenario en forma paralela, ya no con los gritos e improperios de lado y lado, sino en medio de una “amigable charla”, Fernando Díez Cardona y Francisco Valencia Salazar  (esposo de Luz Piedad) negociaban el futuro contrato.

El Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez Neira personalmente relató a los periodistas de Armenia los detalles de cómo era el “modus operandi” el  que calificó como aberrante mecanismo para robarse la plata de los impuestos.

“Es criminal imponerle una carga impositiva a la ciudad cuando ya se sabía para dónde iban a parar esos dineros, toda vez que mientras se tramitaba en el 2014 el proyecto de valorización en el cabildo local, otras personas vinculadas con la administración municipal, tenían planeado cómo se iban a quedar con esos recursos, los cuales tendrían como destino bolsillos particulares”, aseguró el jefe del ente acusador a nivel nacional.

La Fiscalía busca comprobar el desvío de recursos de las obras por valorización, es especial de dos contratos que suman 110 mil millones de pesos, que adjudicó Luz Piedad Valencia Franco a dos consorcios representados por la firma Díez Cardona y el empresario Hernán Moreno de Antioquia. El escándalo estalló cuando se detectaron facturas y contratos falsos que no cuadraban, cuando los contratistas ya tenían en su poder $20 mil millones de anticipo.

Así se contrató

Martínez Neira aclaró que la administración de Luz Piedad Valencia utilizó la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) para contratar bajo el régimen privado, y no con la Ley 80, como tradicionalmente hacen los gobiernos, situación que le dio unos márgenes mayores de acción a los procesos, no tan restrictivos como lo ordena la ley de contratación pública.

Dentro del marco del régimen de contratación privada, la Edua adjudicó los contratos, los interventores y los diseños.

El Fiscal sostuvo que uno de los contratos  que fue adjudicado por $30 mil millones, firmado en julio de 2015 para cuatro obras, no se financió con dineros de valorización, sino con empréstitos de bancos comerciales.

Una semana antes de concluir la administración Valencia Franco, el 23 de diciembre de 2015, se adjudicó un segundo contrato por valor de $80 mil millones. Este convenio estaba previsto para seis obras, de las cuales solamente se suscribieron tres en la administración de Carlos Mario Álvarez.

Explicó que los dineros del segundo contrato sirvieron para ejecutar las tres obras del primero. Algo realmente curioso, que también es investigado, toda vez que es una situación que no es normal.

Todo amarrado y cadena de errores que los delataron

En el relato detallado del fiscal, quedó claro que todo estaba fríamente calculado, sin embargo no hay crimen perfecto.

Nestor Humberto Martínez señaló que en todos los casos el señor Fernando Díez Cardona actuó en unión temporal con la empresa del hombre de negocios de Antioquia Hernán Moreno, quien también se encuentra capturado. Y la interventoría, como los diseños fueron adjudicados a empresas relacionadas con el mismo consorcio, es decir, con los contratistas que iban a ejecutar las obras, lo cual cerraba la brecha a que la información se fugara.

El Fiscal General de la Nación dejó claro que los dos contratos ya firmados, fueron adjudicados sin los diseños respectivos, y que el mismo contratista (Díez Cardona) habría sido el que los diseñó, pero posteriormente, lo cual es una clara irregularidad.

El segundo contrato, explicó Martínez Neira, a la hora de suscribirse, en 2015, no contaba con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, pero sorprendentemente en una vigencia posterior, ya en la administración de Carlos Mario Álvarez, se habría expedido dicho CDP. Otro error protuberante.

Aunque el Fiscal evadió las insistentes preguntas de los periodistas con respecto a la responsabilidad del actual gobierno local, penalistas consultados dejaron entrever que el episodio no para acá, y que la operación denominada coloquialmente por el Fiscal como “10%” allegará más capturas.

 

 

 

 

Impuestos para bolsillos de particulares es criminal, denunció el Fiscal

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