En entredicho, razones para que el alcalde siguiera por fuera del puesto

 

Los argumentos jurídicos que utilizó la Procuraduría General de la Nación para que el alcalde de Armenia siguiera por fuera de su cargo otros tres meses, ya son materia de estudio por parte de varios abogados especialistas en derecho disciplinario. De entrada, ya generan enorme polémica, por su “discutida” solidez.

Tras la salida sorpresiva del Procurador Juan Carlos Sandoval como Procurador Provincial de Armenia, declarado insubsistente horas después de conocerse la decisión de prórroga de la suspensión del mandatario local, el hecho generó aún más suspicacia, al conocerse una carta abierta expedida por el propio ex funcionario, quien se enteró por los medios del Quindío, que ya no trabajaba en el ente de control.

Queda en el aire, que el exprocurador Sandoval estaba recibiendo presiones de algunos superiores con “intereses personales y subrepticios”, lo cual es muy grave. Lo que seguramente será insumo para tejer un nuevo escándalo regional.

La decisión en contra de los intereses de José Manuel Ríos Morales se profirió a través de un auto el 1 de septiembre de 2020, que firmó la procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa Asuntos Sociales y Paz, Ligia Morales Amarís, quien decidió prorrogar por tres meses más de la suspensión provisional del alcalde, que en principio había sido ordenada, el 2 de junio de 2020.

Terremoto jurídico a puerta cerrada

La decisión causó un terremoto judicial que nadie admite en público, pero del que todos hablan en privado con estupor, debido a que, casi la mayoría de abogados, incluso hasta los más versados en derecho disciplinario, daban por descontado que el mandatario se instalaría desde hoy jueves 3 de septiembre nuevamente en su cargo.

Solo unos pocos, apostaban que existían las situaciones por las cuales, el Ministerio Público habría decidió separar de su investidura provisionalmente a Ríos Morales, por lo que debía mantenerse al margen del puesto más importante del CAM.

La Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa Asuntos Sociales y Paz habría tenido en cuenta varias razones para dejar por fuera a la primera autoridad de los armenios, y tal vez la más protuberante se remite a que la situación que originó, en principio, la suspensión inicial, “Permanece incólume”, es decir intacta, no ha cambiado, dice el documento.

No liquidaron los polémicos contratos

“Por consiguiente, atendiendo el mencionado requisito sustancial de la medida provisional de suspensión en cuanto a la posibilidad de continuar la falta se mantiene, máxime cuando los contratos materia de la presente investigación no han sido liquidados, según se puede observar en la Plataforma SECOP 1 y como se ha expuesto, aún existe el riesgo de seguir en la falta al deber de corrección necesario en los citados bilaterales”.

En otras palabras, los cuatro contratos que originaron la vinculación disciplinaria del alcalde y de varios de sus ex asesores, no les fue tramitada la liquidación respectiva, por lo que, en opinión de la Procuraduría, “no se adoptaron las acciones ni mecanismos tendientes a retomar la delegación, ni a corregir de forma efectiva las irregularidades presentadas en todos los contratos que por Urgencia Manifiesta se suscribieron en el Municipio de Armenia”, dice el texto.

Advierte la procuradora en su escrito, que José Manuel Ríos, de reasumir el cargo, (al mantenerse la misma situación que le ocasionó la suspensión inicial) los funcionarios y contratistas, que son sus subordinados, con los que “ha tenido vínculos personales y comerciales, lo cual evidencia riesgos en contra de la administración pública, en caso de que el señor Ríos Morales, quien se encuentre como Alcalde Municipal en ejercicio al momento de realizar dichas liquidaciones, sin el debido deber de corrección de las presuntas irregularidades señaladas”.

Como quien dice, la procuraduría gradúa como una supuesta falta la no liquidación de los contratos en cuestión y los posiciona como yerros administrativos internos. Al parecer, ese es uno de los principales argumentos que le habrían costado al alcalde, no regresar a su silla de jefe de la administración de Armenia, por el momento.

¿Preocupación por la pandemia?

Llama la atención que la procuradora delegada para la vigilancia administrativa pone de manifiesto que hay un riesgo latente de volver por los caminos de la urgencia manifiesta, “ya que la pandemia sigue en extensión y la emergencia sanitaria por el coronavirus decretada por el Ministerio de Salud fue extendida hasta el 30 de noviembre de 2020…”. En consecuencia, la señora Ligia Morales Amarís infiere, al interpretar el auto, que el alcalde podría entonces volver a cometer las mismas presuntas irregularidades.

LOS JUANES consultó a varios juristas expertos en derecho disciplinario, quienes expresaron su profunda preocupación por los argumentos del Ministerio Público, toda vez que, según ellos, habría un prejuzgamiento, con lo que se estaría violando la presunción de inocencia.

Coincidieron que la ley obliga a que exista un soporte probatorio concreto, y la liquidación de los polémicos contratos no puede ser, de ninguna forma un argumento válido, para soportar ampliar la suspensión. “La liquidación de un contrato es un trámite que ni quita ni pone con respecto a la selección adelantada en el proceso de contratación directa”, anotaron.

Se da por descontado que la defensa de José Manuel Ríos acuda a la Sala de Consulta de la Procuraduría para la revisión de esta decisión.

 

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