En el “calabozo”, por decisión propia. Luz Piedad y demás implicados en escándalo por valorización

 

  • Un tecnicismo básico de derecho constitucional se pasó por alto y nadie ha dicho nada

Una cosa es que todos los quindianos quieran que se haga justicia, que se castigue con vehemencia  y con todo el peso de la ley la corrupción. Eso nadie lo discute. Pero otra, muy distinta, es que se pasen por alto errores protuberantes técnico-jurídicos en casos tan emblemáticos como el desfalco al proyecto de valorización de Armenia.

Cuando se conoció de la captura de la exalcaldesa de la ciudad, su esposo y otros de sus excolaboradores, además de los detalles, protuberantes que contó de esa “empresa criminal”, como la denominó el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, los cuyabros exigieron la máxima rigurosidad y transparencia en ese proceso penal. Desde luego, las redes sociales con su amplitud de opinión fueron escenario de toda suerte de opiniones, la gran mayoría condenando los hechos. Incluso, algunos extremistas pidieron hasta la pena de muerte.

No obstante, por la mediatización de las audiencias y el acceso a los detalles que son públicos, se filtraron potenciales errores que dejan dudas de la rigurosidad del sistema de justicia colombiano.

En Colombia existe el Debido Proceso Judicial que se desprende del art 29 de la Constitución Política de Colombia, y se reglamenta por las normas de orden público de la ley 906 de 2004 y las modificaciones realizadas a la fecha, por lo que llama la atención algunas infracciones, que se estarían registrando en este caso, y que ya son destacadas por los juristas del Quindío.

Privados de la libertad sin orden judicial

La primera frase que recibe un alumno de derecho apenas ingresa a una clase de penal por parte de su profesor es: una captura exige una orden judicial, porque nadie puede estar privado de su libertad en Colombia, sin el mandamiento escrito de la autoridad competente y por motivos previamente contemplados y sustentados en la Ley (Artículo 28 de la Constitución Nacional). Más claro, imposible.

Duberney Pareja Giraldo, experto penalista

Cuando el experto penalista Duberney Pareja Giraldo fue consultado por LOS JUANES Radio, este medio se dio a la tarea de buscar a otros expertos para corroborar su tesis, y encontró inicialmente silencio por parte de varios abogados, quienes se sorprendieron y prefirieron estudiar con detenimiento el caso. Sin embargo, poco a poco comenzaron a confirmar la posición de Pareja, quien puso el grito en el cielo por lo que denominó, un error garrafal de la juez segunda penal Olga Patricia Cáceres, que concedió aplazar la audiencia en la que presuntamente se le iban a leer los cargos por los que se les tiene capturados a Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Valencia Salazar y los ex funcionarios;  Ricardo Ramírez, exdirector del Departamento Jurídico de la Alcaldía; Sebastián Congote, exdirector de la EDUA; Aura María Zapata Saldarriaga, exfuncionaria de la EDUA, y el ex secretario de infraestructura, Julio Cesar Escobar. Juan Sebastián Londoño Forero, subdirector de la Oficina Jurídica está en libertad, porque su captura fue declarada ilegal.

“Es un tema constitucional básico. La libertad es un derecho irrenunciable.  Al suspender las imputaciones de los implicados por parte de la Fiscalía y la petición de las medidas de aseguramiento, los sindicados recuperaron automáticamente sus derechos constitucionales y legales frente al principio fundamental de la libertad. Nadie en Colombia por poder que tenga, en ninguna de las ramas públicas podrá hacer acuerdos para privar de la libertad a un colombiano, en donde no medie un mandato escrito, sustentado legalmente”, aseguró Pareja.

El abogado explicó que es un tema procedimental muy técnico y severo. Porque una cosa lleva a la otra y en donde no se cumpla con alguno de los requisitos, la Ley claramente indica que un sindicado debe quedar en libertad, porque Colombia es un país garantista y el debido proceso es muy detallado y exige que jueces y fiscales cumplan al pie de la letra con todos y cada uno de los requerimientos para detener a una persona. En conclusión, hoy no existe una orden de captura vigente. Eso los aben todos ellos, incluso los abogados defensores, quienes increíblemente ninguno ha impugnado la medida.

Detenidos por voluntad propia

Al escuchar en detalle la grabación de la audiencia suspendida el lunes anterior, se escucha que la Fiscal del caso hace la claridad que acepta el aplazamiento, solicitado por los abogados, pero que no quiere que vayan a acudir al habeas corpus, un recurso extraordinario, contenido en el artículo 30 de la Constitución Nacional y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal, que tutela la libertad de las personas cuando son capturadas con violación a las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad.

Duberney Pareja aclaró que nadie puede exigir a otro que renuncie a un derecho fundamental. Se trata de lógica jurídica irreprochable. La orden de captura quedó sin vigencia a las 36 horas de ser efectiva. Sin imputación de cargos lo único que queda es la libertad. Es simple, dijo.

“Tampoco ningún defensor puede renunciar a los derechos fundamentales de sus clientes. Si bien los abogados tienen el conocimiento jurídico, el derecho de postulación lo tienen las personas, es decir los ciudadanos que son acusados. Así se le pregunte a los sindicados si renuncian al principio de la libertad, un ciudadano no puede hacerlo. La juez debió decidir no imputarlos y dejarlos libres. La Fiscalía en consecuencia, los debió citar para el lunes 16 de abril”, puntualizó.

Es decir, Luz Piedad, su esposo y los otros implicados estarían voluntariamente en las celdas de la Fiscalía, mientras algunos de ellos hacen pre-acuerdos y se acogen a los principios de oportunidad, contemplados en la ley.

 

 

 

 

En el “calabozo”, por decisión propia. Luz Piedad y demás implicados en escándalo por valorización

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