El ABC de la condena a Francisco “Pacho”  Valencia: ¡justicia “premial”, así funciona!

 

Muchas personas en el departamento no salen de su asombro y estupor con la condena proferida contra Francisco Valencia Salazar ex esposo de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco: cinco años.

Para poder comprender por qué el Juez Tercero Penal del Circuito de Armenia tasó la pena de esa forma y por qué no tiene ningún asidero que la Fiscalía tenía un presunto contubernio con la defensa, al pedir inicialmente cuatro años, hay que consultar a los expertos, digerir, respirar y asimilar, así no se comparta, que efectivamente lo único que se hizo fue acudir al actual modelo del sistema penal colombiano: “premial”, sí con L al final.

Aunque es un concepto técnico-jurídico bastante complejo, es deber de los medios de comunicación explicarle a la opinión pública para disipar las dudas, y más bien optar por medidas como la consulta anticorrupción prevista para el próximo domingo 26 de agosto o esperar que el proyecto de Reforma Constitucional presentado por el gobierno Duque, cambie el patrón de juzgamiento de casos como este, en el que los recursos del erario fueron comprometidos y miles de millones de pesos fueron a parar a los bolsillo de particulares y a financiar campañas políticas en el Quindío.

LOS JUANES se tomaron el trabajo de consultar no solamente a personas allegadas al proceso penal en cuestión, que conocen los secretos y vericuetos de los acuerdos y las negociaciones entre la fiscalía y la defensa, sino a otros penalistas, quienes con cartilla en mano explicaron cómo funciona el sistema penal en Colombia.

En primer lugar, hay que hacer memoria. Los delitos que admitió Valencia Salazar fueron peculado por apropiación y concierto para delinquir en el tristemente célebre desfalco de valorización de Armenia, que tiene al menos 10 personas en la cárcel, entre ellos, dos ex mandatarios de la capital quindiana.

El delegado de la Procuraduría General de la Nación en la audiencia de lectura del fallo puso el grito en el cielo y pidió mayor severidad, apeló la condena, proceso que seguirá su curso en el Tribunal Superior del Quindío y muy posiblemente, si continúan reclamando, continuará su tránsito a otras instancias como la Corte Suprema de Justicia.

Hasta ahí sin novedad.

Lo que los quindianos no saben, especialmente los que no son abogados, es que el modelo de la justicia en Colombia asigna para casos como este, en el que el condenado acepta cargos, delata “peces gordos”, y el resultado de su delación, arroja éxitos para la Fiscalía, como la captura y judicialización del alcalde Carlos Mario Álvarez, unas penas distintas a las máximas contempladas en el código.

“Así es el actual sistema. Es lo que tenemos”, dijo uno de los penalistas preguntados.

Matemáticas y derecho penal: así se gradúan las penas

Si bien, (como se dijo) el ministerio público pidió condenar al ex esposo de la ex alcaldesa de Armenia por apropiación de más de $20.000 millones y que su pena fuera acorde al monto de la defraudación, esa solicitud tiene tanto de largo como de ancho, y de alguna forma, dicen los expertos, lo más posible es que no prospere. Veamos.

La dosificación de las penas en Colombia obedece a una tabla matemática compleja, así que las sanciones impuestas se determinan según la calificación de los diversos tipos penales. Las líneas hacen parte del Código Penal Colombiano que les da una luz clara a los jueces de cómo castigar a los delincuentes. En otras palabras, un juez en Colombia no puede imponer una condena con criterios subjetivos, si no como se lo ordena la ley, sostuvo uno de los profesores de derecho preguntados. “Hay una dosificación que entre la pena mínima y la máxima, y eso depende de muchos factores dentro del proceso”.

Para graduarlas, el juez tiene unos marcos fijos con una fórmula que se divide en cuatro (o por cuartos) el número de años que le dé una vez que reste de la pena máxima, el número de años de la pena mínima. Eso se denomina movilidad punitiva. A partir de ahí, y dependiendo de si hay circunstancias agravantes o atenuantes, la pena será mayor o menor.

El jurista se empleó a fondo para explicar el siguiente ejemplo, que aunque difícil de entender le impone a la judicatura un marco de donde no se puede salir, porque, de violarlo, se somete a graves sanciones incluso la cárcel: “suponga que el delito de que hablamos tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de 20. Si le resta 10 de la mínima a 20 de la máxima, el resultado es 10. El ámbito de movilidad punitiva es entonces a partir de 10. La división de 10 en cuatro cuartos, da 2,5 años. A ese delito cometido sin agravantes le aplicaría el cuarto menor, es decir, 10 años, más 2,5, o sea, hasta 12 años y medio. Los cuartos “medios” (el segundo y tercer cuarto que equivalen a 5 y a 7,5 años de incremento de la pena) aplican cuando existen simultáneamente unas circunstancias agravantes y otras atenuantes. En nuestro ejemplo, a 10 años el juez le puede añadir entre 5 y 7,5 años más, o sea, 15 o 17,5 años en total. Y la pena con el cuarto máximo (que equivale a 10) se impone cuando hay circunstancias agravantes y no existe ninguna atenuante. Quiere decir que la pena podría ascender a 20 años. Si es al revés, cuando el imputado colabora con la justicia el resultado es favor de la verdad”.

Esclarecer la verdad: el gran objetivo del modelo, a cambio de menos condena

Y esa verdad es simplemente admitir, cuando realmente se es culpable, evitar el desgaste de un juicio, y aparte de ello, delatar a sus cómplices, pero no se trata simplemente de convertirse en “sapo”, sino en que esas declaraciones y las pruebas aportadas a la fiscalía tengan resultados efectivos, que dentro del escándalo de valorización de Armenia entregaron un primer gran trofeo: la cabeza en bandeja de plata del alcalde Carlos Mario Álvarez Morales, quien está preso en la cárcel de la 40. “Pacho” obtuvo todos esos beneficios, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, los aplausos en los medios nacionales.

Otro penalista sostuvo que si bien desde la comprensión de la calle, es fácil poner contra la pared y criticar tanto a la justicia, como a la fiscalía, al igual que a la defensa, cuando se dan fallos como el que se está analizando. “Cada uno cumple su papel lo mejor posible. Así debe ser, de lo contario se somete a sanciones. Se trata de ponerse en los zapatos de una persona en la cárcel. Si bien debe ser castigada por los delitos que ciertamente cometió, no se le puede quemar en la hoguera como en la edad media, al clamor del pueblo. La ley busca un balance, pero debemos tener claridad que sin premios (acuerdos para reducir penas) el derecho penal no funcionaría, es decir, no se haría verdadera justicia, porque ninguna persona que enfrente 30 años de cárcel va a delatar a sus cómplices si no le reducen algunos de los años encerrado que sufrirá. Para conocer toda la verdad hay que negociar, suena duro, simplista y puede que hasta descarado, pero así funciona el complejo mundo de la delincuencia. La justicia no puede pensar en rosas y perfume, cuando la realidad es lo opuesto”, explicó de manera gráfica el abogado.

En otras palabras, si a Francisco Valencia no le hubiesen ofrecido denunciar a todos los demás implicados en los delitos que cometió, a cambio de una reducción significativa de la pena, nunca habría delatado a Carlos Mario y otros. Entonces la verdad no se sabría.

“En el derecho, afrontar el problema de la verdad es afrontar el problema de la diversidad de verdades que se han manifestado; la verdad como desvelamiento, la verdad objetiva, la verdad absoluta, la verdad subjetiva, la verdad como consenso, la verdad como correspondencia, entre otras. Todo esto puede sonar no más que discursos filosóficos sobre la verdad, pero en el primero de esos conceptos (desvelamiento – descubrimiento), solo es posible llegar a ese tipo de verdades en el caso de delitos cuando se da algo a cambio, esa es la condición humana. Así funciona la justicia de los hombres”, agregó el jurista.

Copia del modelo gringo

La justicia “premial” es un modelo penal que impera en Colombia y tiene antecedentes en la figura del plea bargaining estadounidense. “Si el implicado en un delito confeso colabora, así sus infracciones sean muy graves, depende del grado y efectividad de las pruebas que aporte, para que la justicia lo premie por decir la verdad”, así funciona.

Es tal vez por eso que otro de los cerebros en ese complejo “mecanismo” de robo al estado y a las finanzas de los armenios, el empresario Fernando Díez Cardona, contra parte de “Pacho” Valencia y quien habría sido el aparente favorecido en las 12 obras previstas de valorización de la ciudad, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de la capital quindiana a solamente 14 meses de prisión por falsedad ideológica en documento público y no por el resto de delitos que desde luego cometió, pena que pagará en libertad, esto último informan fuentes allegadas al proceso.

Es decir, la justicia premió a Díez por haber delatado a todo el mundo, incluyendo al mismo Francisco Valencia, a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, al ex alcalde Álvarez y hasta a sus socios, dentro de los dos consorcios que se crearon (uniones temporales Vías Armenia y Puentes Armenia): Hernán Moreno Pérez, contratista, y Ángel José Angarita Pareja, interventor, también en la cárcel. A esas dos empresas se les adjudicaron contratos por un total de 110.000 millones de pesos en el gobierno de Valencia Franco, todas las obras están abandonadas en la actualidad.

La fórmula de “Pacho”

Fuentes de la defensa del ingeniero Valencia Salazar le explicaron a este portal cómo se dosificó su condena de cinco años.

“Inicialmente nuestro cliente admitió toda la culpa desde el primer momento que se le imputaron los cargos (primera audiencia). La legislación valora eso. La ley contempla una reducción hasta del 50% de la pena impuesta, porque evitó un juicio costoso y desgastante para el estado. En segundo lugar, nuestro defendido no solamente confesó todo, sino que delató a los implicados en ese concierto para delinquir, cuyo primer efecto fue la captura y judicialización del ex alcalde Álvarez. Seguidamente, la actitud del señor Valencia ha sido la de colaborar con la justicia, por lo que la fiscalía lo único que hizo fue apoyar nuestra solicitud de incluir al implicado en el primer cuarto de la pena a ser impuesta (ya explicado)”, informaron los abogados.

Haciendo la conversión matemática, Francisco Valencia por haber colaborado con la justicia se incluyó en el cuarto menor. Es decir, originalmente su condena habría estado tasada, si se hubiese dado un juicio y una condena en más o menos 405 meses que corresponden a más de 33 años de cárcel, pero al ser favorecido se sometió en ese primer cuarto (entre 8 y 15 años), en donde resultaron efectivos cinco, ante los atenuantes de su confesión y colaboración.

Datos inéditos para tener en cuenta

Mientras LOS JUANES profundizaba en ese complejo mundo de la “dosimetría” penal estableció con varios informantes que conocen los detalles del proceso, varios aspectos claves e inéditos, que deben ser tenidos en cuenta por los cuyabros y que muy seguramente serán noticia en las próximas semanas o meses.

  • Faltan por caer al menos otros tres “peces gordos” en el Quindío, entre los que habría, posiblemente, al menos una mujer muy importante
  • Aunque Francisco Valencia Salazar confesó haberse apropiado realmente de 9.000 millones de pesos, admitió finalmente peculado por $16.800 millones, porque eso no implicaba una mayor pena, toda vez que después de 200 salarios mínimo mensuales (algo más de 156 millones de pesos), la ley colombiana no establece mayores sanciones
  • La multa de 8.400 millones de pesos impuesta es una sanción civil. Sin embargo, si Valencia comprueba que no tiene cómo pagarla, el estado tendrá que echar mano de sus bienes incautados que llegan a $7.000 millones
  • La Alcaldía de Armenia como víctima de los delitos tendrá que instalar un incidente de reparación en los próximos 30 días, por otra suma distinta a los 8.400 millones de pesos de multa
  • Los bienes del ex esposo de la alcaldesa en manos del estado por decisión judicial, entre los que se cuentan lotes, casas, oficinas y dos fincas en Quimbaya y Pijao que están sembradas en aguacate a punto de dar cosecha, que valdría esta última unos 200 millones de pesos, están abandonadas y por ende la fruta se perderá por falta de previsión de este tipo de detalles. Nadie le paga a los campesinos que se encargaban de cuidar los cultivos
  • Ante el abandono de esos bienes y la potencial desvalorización por falta de mantenimiento, al final del año su precio no subiría de $1.500 millones. Hay serios riesgos de invasiones, robo de equipos e infraestructura de las empresas de Valencia porque el estado no asignó ninguna seguridad
  • Francisco Valencia no espera más reducciones de su pena (cinco años), que sus abogados no apelaron. Pero por trabajo y estudio en tres años y medio o cuatro, podrá aspirar a libertad condicional
  • Fernando Díez Cardona, dicen varias fuentes, habría lavado activos por $7.000 millones en pérdidas, argumentando que se los entregó a Francisco Valencia, pero adicionalmente se habría presuntamente quedado con otros $13.000 millones

 

El ABC de la condena a Francisco “Pacho” Valencia: ¡justicia “premial”, así funciona!

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