Daño colateral a Totem: “una serie de eventos desafortunados” dio al traste con el proyecto – Parte 1

 

El sector de la construcción en Armenia generaba miles de empleos en la ciudad y su “boom” más alto se registró dos años atrás, hasta que la Procuraduría General de la Nación pidió que la judicatura derogara parte del Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2009. Después de eso, nada fue igual para estos empresarios que se proyectaban como la gran alternativa de empleo para una ciudad que sufre de una “enfermedad enquistada” hace más de una década, denominada “desocupación”.

El Grupo Terra, uno de las empresas constructoras emblemáticas del departamento, que tiene decenas de edificios, condominios, vías y puentes, no solo a lo largo del Quindío, sino del país, hoy resulta damnificada, por una decisión que le “corta las alas” al más ambicioso proyecto de oficinas de la capital quindiana: Totem.

En medio de su frustración, apenas lógica, los empresarios “claman justicia, respeto a sus derechos, equidad en las decisiones y desde luego, seguridad jurídica”.

La administración municipal Castellanos Tabares, que valga la pena aclarar, heredó el “chicharrón” del gobierno de Carlos Mario Álvarez, argumenta su decisión basándose en la ley.

Y en la mitad, queda una autorización preliminar, otorgada en su momento, por la Curaduría No 2 de Armenia, que también es importante decirlo, se trata de un funcionario sancionado por la Procuraduría recientemente por el caso del Complejo la Estación, que según el ministerio público, habría otorgado ese permiso sin el lleno de requisitos.

La incertidumbre jurídica llega a niveles delirantes para los inversionistas. Nadie quiere ni pretende que los constructores violen la ley, pero sí es necesario que las autoridades responsables de los permisos se pongan de acuerdo y eviten situaciones como estas, que dejan muy mal parado al municipio para cualquier constructor que quiera invertir en Armenia.

¿Quién es el responsable de todo esto?

¡Saquen sus propias conclusiones!

La génesis

A comienzos de septiembre de 2017, argumentando la defensa del Paisaje Cultural Cafetero, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Juzgado Administrativo del Circuito de Armenia, la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, arguyendo que no se ajustaba a las normas legales en materia ambiental.

El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, ratificó la demanda a los artículos 90, 91, 96, 98 y 106 contra este mecanismo de planificación territorial presentada por el Procurador 34 Judicial Ambiental y Agrario, Carlos Arrieta Martínez, por no respetar la ronda de los ríos que por norma ordena que las construcciones en las laderas se podrían realizar después de 30 metros y en este caso, plantearon la posibilidad de hacerlo a 15 metros.

Recordó que las zonas de ronda de protección e hídricas constituyen y conforman áreas de especial importancia ecológica y de dominio público, por ende, son inalienables, imprescriptibles, inembargables y juegan un rol fundamental desde el punto de vista ambiental.

Días después, el Juzgado Primero Administrativo oral de circuito de Armenia suspendió provisionalmente los artículos 96 en su numeral 1 y 98 en su respectivo numeral once del acuerdo 019 del Concejo de Armenia que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital quindiana, vigente desde 2009.

Estos artículos tienen qué ver, específicamente, con la distancia entre las rondas hídrica y las construcciones dado que el POT de Armenia permitía que las obras estuvieran a 15 metros de las quebradas mientras que la norma nacional dice que debe ser a 30 metros, igual distancia que debe mantenerse con los ríos.

Carlos Mario Álvarez Morales, ex alcalde de Armenia

En consecuencia, el ex alcalde Carlos Mario Álvarez Morales derogó en diciembre del mismo año (2017) el decreto 064 de 2013 “por medio del cual se reglamentan los procedimientos y tasas para las actuaciones urbanísticas adicionales en la ciudad de Armenia”

Según la decisión de la administración de entonces, el mandatario consideró que el desarrollo territorial debe orientarse mediante estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos sociales, urbanísticos y ambientales de Armenia.

Álvarez Morales argumentó que “permitir el crecimiento indiscriminado y desmedido, en alturas diferentes a las permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial de 2009, pone en riesgo, primero: la sostenibilidad económica de Empresas Públicas de Armenia (EPA, con los nuevos edificios asume el alto costo del cambio de todas las redes de acueducto y alcantarillado); y, segundo: aumenta la contaminación de las 54 quebradas de Armenia, incrementa el daño ambiental y los olores ofensivos, y pone en peligro aves, guatines”.

Esa decisión desencadenó una serie de medidas que dieron al traste con el sector de la construcción. Los proyectos comenzaron a ser parados, y algunas obras fueron multadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, por violar presuntamente varias normas. Los constructores siguen batallando en los juzgados, mientras cientos de inversionistas, muchos de ellos, personas comunes y corrientes, depositaron los ahorros de todas sus vidas para comprar un apartamento, la gran mayoría de ellos ubicados en la Avenida Centenario de Armenia.

Las “esquirlas de la granada” que afectó a Totem

Casi paralelamente a la discusión del POT, el Grupo Terra se lanzó al agua con un “mega proyecto” local. Es decir, para el tamaño de la ciudad, una excelente opción para hacer frente a la deficiencia de oficinas que tiene Armenia.

Desde el comienzo, llamó la atención de muchos interesados. La empresa es una constructora seria y con mucha trayectoria, liderada por el constructor Iván Echeverry y su familia.

Originalmente fue diseñado con dos torres de 22 pisos, 450 oficinas, cinco niveles de sótanos, 500 parqueaderos, parque comercial y edificios sostenibles, toda una novedad para el eje cafetero.

Pero a pesar de una licencia “temporal”, por decir algo, otorgada por la Curaduría Dos de Armenia, era necesaria la bendición final de Planeación Municipal, la que daría la última palabra.

Claudia Milena Hincapié Álvarez, ex directora de Planeación Municipal

Los papeles “durmieron” varios meses durante cuatro alcaldes y la tormenta política en la que se vio envuelta la directora de Planeación en 2018 (hasta septiembre) Claudia Milena Hincapié Álvarez, quien denunció al mandatario encargado Álvaro Arias Young, por presunta faltas disciplinarias y acoso laboral, ayudó para demorar la decisión de Terra.

 

El alcalde temporal le respondió a la Directora de Planeación con una insubsistencia. La “degradó” o mejor, la devolvió a su nivel original de una funcionaria asistencia de nivel bajo, toda vez que el ascenso de la funcionaria era temporal. Ella renunció finalmente. Mientras tanto, los planos y demás documentos de tótem enredados en las cientos de trámites burocráticos del CAM.

Al llegar Oscar Castellanos Tabares al gobierno, a finales de septiembre, después del escándalo más grave de la historia del Quindío, la decisión de Totem siguió en vilo, los nuevos funcionarios, casi todos para ser exactos, debían revisar con lupa ese proceso y además muchos más, casi en las mismas o peores condiciones.

Finalmente, no le fue otorgado al Grupo Terra el “plan de implantación” del Complejo Empresarial Totem.

Mañana entregaremos una segunda parte de este “parto” que muy seguramente no termina allí. Los constructores muy posiblemente contemplan demandas al municipio y a otros actores. La pérdida de tiempo y dinero es evidente.

Daño colateral a Totem: “una serie de eventos desafortunados” dio al traste con el proyecto – Parte 1

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