Cooburquín denunciará al ex congresista Óscar Gómez por difamar a su propia empresa. Enemigos en busca de daños colaterales en la terna

La novela de la terna para la alcaldía de Armenia sigue dando de qué hablar y mucho: no solamente en las pugnas políticas que buscan quedarse con el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019, el tiempo de sobra que se toma el gobernador en sus análisis y decisiones, sino también para revivir viejas peleas y agarrones internos en la empresa privada, que si bien, a primera vista, no deberían de tener nada que ver en la definición del mandatario en propiedad para la capital quindiana, lo estratégico es que algunos aprovechan los “daños colaterales” que generan escándalos controlados y curiosamente “reencauchados”.

En las últimas horas se supo, que el gerente de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío, Cooburquín, Carlos Iván Corredor Zapata, demandará al periodista y ex congresista Óscar Gómez Agudelo, ante las declaraciones que este último ha venido entregando a diferentes medios de comunicación en contra de la empresa de la que es asociado, en las que según el vocero de esa cooperativa, adelanta “una campaña de desprestigio que se viene orquestando desde hace varios meses, con el fin de menoscabar la unidad de la entidad, causando un grave daño  a la reputación de la empresa y a sus directivos”, dice un comunicado enviado por la compañía.

 

Se trata de un lío que viene desde hace varios años entre los socios de esa empresa en donde se dicen de todo y hasta se agreden físicamente en las reuniones de asamblea, pero que mágicamente, a través de la suplantación de un portal de noticias judiciales, lo que era un problema personal y empresarial entre dos bandos en la cooperativa, los enemigos políticos del “nuevo de la terna” (Óscar Castellanos Tabares), pretenden endilgarle una presunta inhabilidad o inconveniencia, para que en el piso 19 de la gobernación se pongan nerviosos y devuelvan por segunda vez el listado de tres a Bogotá. ¿Será que lo logran?

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Los directivos de Cooburquín, que comprendieron que se trataba de un ajuste de cuentas, le salieron al paso a aclarar, que el caso concreto de la denuncia viene de tiempo atrás, y que no van a permitir que se siga enlodando su imagen. “Quisimos manejar el tema de la forma más respetuosa, porque somos una compañía de transporte público de pasajeros en el municipio de Armenia muy seria, fundada en 1964, y que cumple celosamente con las normas que rigen la renovación y reposición de equipos, sin haber sido sancionada nunca por autoridad alguna. Sin embargo, hace unas semanas atrás, el asociado Óscar Gómez Agudelo se ha empeñado en repetir, insistir y reiterar conjeturas, poner en entredicho y tela de juicio, la legitimidad de las actuaciones de las diferentes instancias de la entidad, dejando en el aire que existe una estratagema para eludir los procedimientos de reposición vehicular, además de infringir la Ley, lo cual no se puede tolerar más”, indicó el gerente.

Hay una investigación que debe seguir su curso

Es evidente que hay una investigación que preliminarmente está adelantando la fiscalía, que busca establecer si las denuncias anónimas de presuntos malos manejos en la chatarrización de los buses de la empresa son ciertas o no, pero es cierto también, que la velocidad de la verdad jurídica va mucho más lenta que el impulso inusitado que  logran los escándalos que buscan acabar con la reputación de uno de los socios de la empresa, que hoy está ternado.

El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de Cooburquín- dice el comunicado-, facultó desde el 30 de abril pasado al representante legal para que procediera de acuerdo con el reglamento Interno y la misma legislación colombiana, con el fin de buscar que las autoridades competentes verifiquen el sentido de las revelaciones entregadas por Gómez Agudelo, el 27 de abril de 2018 a un medio local, en las que hizo delicadas denuncias, por lo cual , los abogados, adelantan los procedimientos previos para iniciar las acciones internas y externas necesarias.

“Procedimos a oficiar a la Fiscalía General de la Nación para preguntar si existía alguna investigación formal o proceso en contra de los Directivos de la Cooperativa, y el 9 de julio de 2018 recibimos respuesta de ese organismo, indicando que hasta el momento está en una etapa de “verificación de la información con el objeto de recopilar elementos materiales probatorios para determinar si existe o no, una conducta delictiva y determinar quien o quienes son los autores del hecho“; lo que determina que está en indagación preliminar para establecer y evaluar si existe o no, mérito de investigar alguna presunta conducta delictiva. Dejó claro el oficio, que aún no existía ninguna citación o procedimiento, por lo que, en coherencia con el exigente rigor del respeto a los procedimientos, plazos y momentos jurídicos, esta Gerencia espera una pronta respuesta, haciendo hincapié, que estamos totalmente prestos a colaborar con todo lo pertinente para esclarecer nuestra conducta, la del Consejo de Administración, la de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal”, asegura la versión oficial de los transportadores.

Mientras eso ocurre, se supo que Óscar Castellanos, proyecta reunirse en las próximas horas con los periodistas que han hecho eco de las denuncias, graduándolas de muy graves, y que pudieran interferir con su potencial designación como alcalde de la ciudad, para explicarles y sustentarles uno a uno, con carpeta en mano, que todos los vehículos que están a su nombre están al día, y que las reposiciones adelantadas se han efectuado dentro del marco legal.

 

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