Concejo de Salento entutelará a Tribunal Administrativo del Quindío

Sigue el debate alrededor de la decisión del Tribunal que invalidó el acuerdo que buscaba blindar a Salento frente a la amenaza de la megaminería. La alcaldía, el concejo municipal y varias organizaciones ambientalistas se encuentran uniendo fuerzas para tomar medidas que permitan defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio. Aquí las reacciones.

Como se informó oportunamente, se trata del acuerdo Nº 001 del 27 de febrero de 2019, “por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento”, el cual fue invalidado por el Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ), por sugerencia del Gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá y su equipo jurídico. Si bien el mandatario está en contra de la megaminería, su equipo detectó algunas falencias legales, razón por la cual sugirió la invalidez del acto administrativo ante el alto Tribunal.

Varios expertos sugieren llevar el fallo de la TAQ a instancias internacionales, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sea ésta la que tome medidas cautelares que puedan blindar al municipio de Salento frente a los 21 títulos mineros ya otorgados y 17 más que se encuentran en camino.

Por otro lado, el Concejo local se encuentra estructurando una acción de tutela la cual será puesta a estudio del Consejo de Estado, con el asesoramiento de juristas especializados de la ciudad de Bogotá, toda vez que consideran que el fallo no aborda los puntos de fondo del acuerdo.

Los argumentos de los concejales salentinos
“Nosotros mirando que se fueron por otro lado, el tema de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional que no tiene nada que ver con la presentación del acuerdo municipal, con base en eso es que vamos a entutelar” así lo confirmó la presidenta del concejo Orfa Liliana Correa.

Los expertos juristas han analizado que el fallo se basa en una desviada interpretación del acuerdo. Sobre esto, uno de los expertos señaló que “a los jueces, a la corte, a los tribunales se les ha dado por confundir el ordenamiento territorial con la defensa del patrimonio ecológico y cultural que son funciones diferentes”, de esta manera, las funciones ambientales que tiene el municipio fueron desconocidas en el fallo.

El abogado Rodrigo Negrete Montes considera que los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío no leyeron bien el acuerdo: “ni siquiera analizan los argumentos; es una facultad diferente de ordenar los usos del subsuelo, no se dedican un párrafo a analizar las funciones ambientales de los municipios, entonces, ¿cómo es posible que declaren invalido un acuerdo que tiene ese fundamento cuando ellos ni siquiera lo analizan? se están violando una cantidad de derechos de los pobladores de Salento”. Aquí el tema de fondo no es la minera, sino que hay un patrimonio ecológico que se debe defender.

Ambientalistas, también furiosos
Los ambientalistas coinciden en que el fallo del Tribunal debilita lo que hasta ahora ha logrado la ciudadanía. El Quindío entero vuelve a quedar expuesto a la ambición de las multinacionales mineras. Entre los ambientalistas se encuentra Néstor Ocampo, de la Fundación Ecológica Cosmos, quien habló con LOS JUANES sobre el resultado de la sentencia.

“El Tribunal está en lo suyo, es su concepto. Lo que nos desconcierta es la actitud del gobierno departamental. En la carta con la cual remite el Acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío solicita explícitamente declarar la invalidez del Acuerdo No. 001 del 27 de febrero de 2019. Esa solicitud evidente denota una actitud negativa frente a la intención del Concejo de proteger su patrimonio ecológico y cultural”, sostuvo el ambientalista.

El gobierno seccional se mantiene en su postura
Por su parte, la Gobernación ya aclaró en un comunicado “que ni el gobernador Carlos Eduardo Osorio ni la secretaría Jurídica del departamento tienen competencia para decidir sobre la validez o no de los Acuerdos de los Concejos Municipales”, alegando a través del secretario Jurídico y de Contratación encargado del departamento, Víctor Alfonso Vélez Muñoz, que es función del ente territorial poner en consideración del alto Tribunal todos las decisiones de las corporaciones co-administrativas de los 12 municipios del departamento.

“Una vez el acuerdo municipal llega a la gobernación del Quindío, como deben llegar todos los acuerdos municipales que se expiden en todos los Concejos del departamento, para la revisión de legalidad y constitucionalidad por parte de la secretaría Jurídica, se procede a verificar si las disposiciones que adopta el acuerdo son concordantes con la Ley y la Constitución”, indicó el abogado de la administración seccional.

Era lo que tocaba: Gobernación del Quindío
Dicho de otro modo, la invalidez fue la consecuencia de una gestión reglamentaria de la gobernación que afectó involuntariamente a la iniciativa de Salento, que, por medio de sus concejales, pretendían defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio de cualquier megaproyecto de minería, ¡Qué falla!

El gobernador de esta manera cumplió con la ley, ahora falta esperar que cumpla con su palabra de mostrar “su rechazo total a la megaminería en el Quindío, y su compromiso de defensa de la naturaleza y el medio ambiente en nuestro territorio” como lo señalaba en el comunicado.

Sobre esto, Néstor Ocampo expresó que “decepciona la actitud del gobernador que en campaña declaraba un NO rotundo a la megaminería y hasta llegó a afirmar que para defender el territorio se amarraría a un árbol si fuera necesario. Pero la realidad ha sido otra, no ha pasado de las palabras, no ha movido un dedo. Al contrario, le ha dado la espalda a la ciudadanía quindiana y los esfuerzos que hacemos en defensa del Territorio, el Agua y la Vida en Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento”.

No obstante, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, manifestó que continuará trabajando para proteger y blindar al territorio de la megaminería: “Yo pensaría que Salento es un municipio donde le damos al 68% de los quindianos el agua, es un municipio completamente ambiental. Hasta que termine mi mandato el 31 de diciembre del 2019, seguiré luchando”. Adicionalmente añadió que, “estamos haciendo un ajuste a un esquema de ordenamiento territorial y lo estamos construyendo con las comunidades, un documento que quede plasmado que Salento es una vocación ambiental y natural”.

De esta manera, ya se anuncian acciones legales por parte del Concejo de Salento, que estructura la tutela bajo parámetros legales y constitucionales donde respaldan las funciones ambientales que tiene el municipio, por ende, tendría la facultad de proteger y defender el patrimonio ecológico y cultural de Salento.

¿Se repite la historia?
El fallo del Tribunal se basó en que “las entidades territoriales no tienen la facultad de prohibir actividades mineras en sus territorios, porque el subsuelo y los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y no a las entidades territoriales”. Sin embargo, la famosa frase “quien no conoce su historia está condenado a repetirla” se abre paso en este controvertido caso.

En el año 2017 en Urrao – Antioquia el Concejo mediante un acuerdo había prohibido el desarrollo de actividades mineras para proteger el patrimonio ecológico; conocido el acto, la Gobernación de Antioquia lo objetó argumentando que el concejo había “extralimitado sus competencias” y envió el acuerdo al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual, eventualmente, declaró sin validez el acuerdo.

Sin embargo, un precedente de varias sentencias de la Corte Constitucional que establecían que “los municipios son competentes para regular asuntos relacionados con aspectos mineros, ambientales y energéticos”, lo cambió todo, en vista que demostraba que, por interpretación constitucional de la ley, la Constitución no se atribuye la propiedad del subsuelo a la Nación sino al Estado, por lo que la titularidad de éste es de todas las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales. De esta manera, fue revocada la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Por lo tanto, legal y constitucionalmente el municipio de Salento puede abogar por sus funciones ambientales en las instancias que hagan falta, para que el acuerdo sea revisado correctamente. Nada está dicho y la “pelea legal” continúa y desde el punto de vista ciudadano se ratificará con la participación de la próxima Marcha Carnaval, donde los activistas defensores del territorio esperan que haya una participación masiva como respaldo al propósito de no permitir actividades de megaminería en el Departamento del Quindío.

Concejo de Salento entutelará a Tribunal Administrativo del Quindío

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