Concejal Carlos Hernández use el derecho de réplica, el de rectificación o asista a un debate público: LOS JUANES

  • ¿Se ha declarado impedido para referirse o actuar políticamente con temas de Red Salud, por presuntos conflictos de intereses familiares?

No hay que ser un experto, ni un erudito, para saber que el verdadero periodismo de investigación es el que se adelanta por iniciativa del periodista sobre cuestiones determinadas que algunas personas u organizaciones están interesados en mantener en secreto. Lo contrario, es multiplicar en el medio informativo un comunicado de prensa, es decir, lo que sí quiere contar una fuente.

Y no es que sea aburrido o poco importante lo segundo, sino que el gran valor periodístico de la investigación radica en la consecusión de las pruebas (con la dificultad que implica cuando se es un comunicador y no una autoridad competente), los testimonios, el contexto y los argumentos para construir una historia. Mejor dicho, es la verdadera esencia de esta profesión.

El manual dice que los tres elementos básicos del periodismo investigativo son: que la investigación sea trabajo del reportero, que ese trabajo aporte algo noticioso y de interés general para un grupo más o menos amplio, y que el efecto de lo publicado trascienda, es decir que le importe al público.

Cuando en mayo pasado llegó al equipo periodístico de este medio de comunicación el rumor de que rodaba por ahí una potencial lista de una entidad descentralizada del municipio de Armenia con los nombres de los contratistas, su área de trabajo y sus “padrinos políticos” a manera de “respaldo”, esa no es una historia de poca monta. Debía ser divulgada, desde luego si resultaba cierta. Sobre todo, en medio de semajante tormenta político-administrativa que enfrenta la ciudad.

El sentido de oportunidad y la coyuntura informativa reina en el periodismo. Esa es una máxima del oficio.

Todo queda “en familia”

Llegar a establecer, si es posible, que el grupo político que apoya al alcalde (capturado por presuntos delitos de corrupción), en toda su esencia, con su esposa a la cabeza, que es la jefa y portavoz de esa organización, que siempre negó ser quien es, más el ex esposo de la misma, actual gerente de otra empresa industrial y comercial del municipio (Amable). Encontrar al congresista liberal de ese grupo como aval de otras personas de la entidad, entre ellas a su ex esposa (quien posiblemente no va a trabajar), y tropezarse con el nombre del concejal (Carlos Hernández) que más defiende esa causa electoral en la coproración con presumiblemente el mayor número de contratistas favorecidos, más otros políticos afectos a esas banderas, sería estupido no indagar.

Ante algo tan aboslutamente delicado que involucra la reputación de personajes públicos, es necesario tener no solamente la certidumbre, sino las pruebas tanto documentales como testimoniales. Por eso, para publicar esa información, hubo la necesidad de confrontarla, verificar los datos, buscar a otras fuentes que no se conocieran entre sí, cotejar el Secop con el fin de establecer si los contratistas son reales, contrastar las fechas de las contrataciones, hacer muchísimas llamadas, dedicarle tiempo y leer decenas de documentos y todo eso, solamente para evitar un gol, que es igual a la manipulación o a convertirse en “idiotas útiles”.

Cuando unos datos pasan por todos esos filtros es viable para que sean publicados. El resto, es artesanía, es decir, unir los puntos y construir el relato.

Toda esta “carreta académica” de una clase de “periodismo investigativo”, el de verdad y no solamente el de nombre, para simplemente confirmar que lo publicado en la nota: MÁS ESCÁNDALOS. Contratación en Red Salud podría comprometer seriamente a congresista Luciano Grisales y a varios políticos de Armenia  dos meses después de conocer la información inicial, fue verificada, comprobada, confirmada, confrontada y contrastada, es decir absolutamente cierta.

El pez “muere por su boca”

Si una persona que ejerce un cargo de elección popular o es nombrado dentro del gobierno municipal, departamental o nacional es implicada en una investigación periodística que leen más de 30 mil ciudadanos, en donde se le endilgan presuntos “señalamientos” tan graves como el posible “tráfico de influencias”, en la contratación de personas de Red Salud Armenia, a manera de cuotas políticas, que sin ser nada nuevo, porque es la práctica normal de la politiquería en Colombia, pero la información es falsa, “no es cierta”, lo lógico es que el afectado acuda inmediatamente a la ley, para exigir que se rectifique o que se respete el derecho de réplica, mínimo que se retire de circulación.

Pero cuando uno de los “nombrados en la información periodística” entrega declaraciones a un medio de comunicación (distinto a este portal), que en su justa función periodística de confrontar públicamente a los implicados, no solamente niega su vinculación y además descalifica la nota originalmente emitida, dejando un tufillo de mala intención de sus autores, lo sensato es exigir con vehemencia que se desenmascare esa “persecusión política”, para posteriormente exigirle en forma contundente a LOS JUANES que aclare, que diga la verdad o se retracte.

Lo obvio es que se demande que los periodistas que “quién sabe a quién le estaban haciendo un favor”, como dijo, muestren las pruebas que sirvieron para publicar la información, como calificó el concejal Carlos Hernández. Que se echen para atrás. O de lo contrario, enfrenten las consecuencias legales.

No obstante, al cabildante se le escapó un pequeño y tal vez insignificante detalle en su declaración al medio colega: este portal nunca publicó la identidad de los contratistas, porque protegió su buen nombre, toda vez que en lo único que está de acuerdo LOS JUANES con el concejal es que son “buenas personas” (que necesitan el empleo y su remuneración para sobrevivir), por lo tanto su identificación no debe ser divulgada, porque no tienen la culpa de lo que hacen sus jefes políticos, y tampoco pueden ser penados porque en Red Salud anden rodando presuntos listados de posibles cuotas burocráticas, a manera de la repartición de un pastel de puestos y contratos.

Sanas inquietudes…

Concejal, ¿cuáles nombres?, ¿por qué sabe que trabajan hace mucho más tiempo que usted en Red Salud, sino se publicó la identidad de los contratistas?, ¿por qué conoce que son necesarias esas funciones, si usted ya no trabaja allí hace varios años?, ¿O usted controla la burocracia de esa entidad, al detalle?, ¿cómo estableció que fueron enviadas por el alcalde?, ¿si afirma que no es el nominador, por qué sabe tanto de las verdaderas necesidades administrativas de Red Salud en la actualidad, si su papel, se supone, es el de control político?, ¿usted sabe tanto de la entidad, no solamente porque laboró allí, sino porque es su porción burocrática dentro de la administración municipal?, ¿Concejal, es verdad que un gerente de la entidad, de entonces, fue su padrino para llegar al Concejo?, ¿Es cierto que sus vínculos electorales, burocráticos y políticos con Red Salud no son nuevos y vienen de muy atrás?

Mejor dicho, señor corporado, para ser más claros ¿quién es en Red Salud Mónica Alexandra Campuzano Osorio, enfermera Profesional, coordinadora de Epidemiologia de la ESE? ¿Es verdad que es su esposa o actual pareja permanente? ¿No cree que cualquier político responsable y serio evitaría opinar sobre la entidad y declararse impedido para fijar posiciones, cuando la información privilegiada de una institución pública municipal que por ley es controlada políticamente por el Concejo Municipal, está en casa?

Si es verdad que la señora Campuzano ostenta un cargo de carrera administrativa y fue nombrada antes de llegar el citado servidor público al Concejo, no hay ningún problema (así lo dice la ley). Pero señor Hernández para evitar un conflicto de intereses familiares, Red Salud es una empresa social del estado descentralizada del municipio, y eso le impide votar acuerdos, convocar o al menos muy factiblemente participar en debates de control político contra esta entidad. Habrá que investigar periodísticamente, si en este caso, eso usted lo respeta. Al parecer no.

La ley a favor del ofendido, eso sí “cuando dice la verdad”

Si los listados de marras son un montaje, como lo insinúa, por favor ante un juez de la república invite a los periodistas de este portal a revelar las pruebas, o esgrima que sus derechos fundamentales al buen nombre o a su honra fueron violados por una información falsa, errónea o incompleta, divulgada por este medio “que le hace el juego a un rival político”, como lo afirmó a una emisora.

Si hay inexactitud o falsedad en la información dada a conocer, debe acudir a la ley. Desde luego, es necesario que lo demuestre, toda vez que los medios se benefician de una presunción de imparcialidad y buena fe, al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 83 de la Constitución Nacional.

Sólo excepcionalmente la Corte Constitucional ha aceptado que cuando la información presentada tenga un carácter amplio e indefinido, no fundado en hechos concretos, no se exija al afectado que lo controvierta con pruebas concretas, puesto que ello sería ponerlo en una situación extrema de indefensión.

Si usted hace la solicitud formal de rectificación, se le recuerda que este medio es libre de realizarla o de hacerlo de manera incompleta. Si LOS JUANES acepta efectuar la rectificación de la información, desde luego lo hará “en condiciones de equidad”, es decir, reconociendo expresamente su equivocación (si es que la hay o es demostrada por usted o los demás afectados) y dándole a la noticia y a la rectificación un despliegue informativo equivalente, no sólo en cuanto a la extensión de la nota, sino a la posición y al realce que se le asigna en la publicación.

De no rectificar, usted tendría la opción de iniciar un proceso judicial. Tal como lo estipula la Corte Constitucional en la Sentencia T-437, mayo 6/04 de la magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández.

En caso que no esté interesado en echar mano de la legislación colombiana, lo instamos a un debate público en vivo. Usted con sus argumentos y este portal con las pruebas documentales, los testimonios y todos los otros insumos que sirvieron para construir la historia, todo a la mano. Desde luego, la labor periodística del medio de comunicación es la de preguntar y la suya, responder, aclarar o desmentir. El público evaluará.

Un debate público servirá también para intentar desvelar ante la ciudad si es cierto que usted controla o no “con mano de hierro” a Red Salud, además de conocer si se le ha dado un manejo ético y legal a los impedimentos dentro de las sesiones del cabildo municipal, claramente consagrados en las normas.

¡Cuando la verdad se asiste no hay temor. Los armenios tienen derecho a conocerla!

Concejal Carlos Hernández use el derecho de réplica, el de rectificación o asista a un debate público: LOS JUANES

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