Abogados alegan errores de procedimiento: piden libertad para implicados en “carrusel de la contratación” del gobierno fucsia

Comenzaron los alegatos de defensa de Jhon Edwar Parra Peña, John Fáber Quintero Olaya, Isabel Cristina Ortiz Cortés, José Carlos Vergara Mendoza, y Sandra Janeth Forero Simijaca, señalados por la Fiscalía de pertenecer al “carrusel de la contratación” durante el gobierno de Sandra Paola Hurtado Palacio.

¡Como era de esperarse, cada uno de los defensores pidieron la libertad de sus prohijados. Alegan diversos errores legales!

La mañana de este miércoles, Óscar Arbeláez –defensor de Parra Peña y Sandra Urrea –defensora de Quintero Olaya-, dieron a conocer sus argumentos del porqué sus clientes no deberían ser afectados con cárcel preventiva.

El juez cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, escuchó también a la representante del Ministerio Público, quien avaló lo actuado antes de Navidad por parte del Fiscal 18 Seccional de la Unidad de Vida con funciones de fiscal contra delitos de corrupción.

“A mi cliente no le explicaron por qué lo imputaron”

Inició Arbeláez manifestando que su cobijado no debería ser afectado con medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario porque al parecer el representante del ente investigador penal no explicó el test de ponderación.

“La aplicación del test es un mecanismo para garantizar derechos fundamentales de los procesados y aquí no se dio por parte del Fiscal, que no lo dio a conocer en su exposición y que nadie puede dar por entendido que fue obvio”, expresó Arbeláez.

En otras palabras, argumenta el abogado, que no se le explicó al acusado los posibles hechos que le generaron la imputación.

A lo anterior añadió que la inferencia razonable de la culpabilidad de su procesado no fue proporcional, sistemática y organizada. “Desde el punto de vista técnico-jurídico la Fiscalía no cumplió con el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal y tampoco con los artículos 337”, aseveró el defensor.

Terminó diciendo que Parra Peña solo actúo desde sus funciones en un comité de evaluación y desde allí “sugirió”, pero no tomó decisión alguna.

“La gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio era finalmente quien decidía”, expresó el abogado que también dijo que su defendido no es un peligro para la sociedad porque desde 2010 trabaja para el Estado en carrera como funcionario ganador de un concurso de méritos y nunca había sido investigado.

“Ningún de los testigos habló de mi procesado”: Sandra Urrea

“Ningún de los testigos habló de mi procesado en las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía solo infirió que Quintero delinquió”, manifestó Sandra Urrea en la defensa de su cliente.

La profesional del derecho aseveró que por lo anterior, el representante del ente investigador penal no demostró la inferencia razonable de la autoría o participación de Quintero Olaya en la comisión de los delitos imputados.

Agregó que el fiscal no sustentó el porqué de la necesidad de la solicitud de la medida de aseguramiento en cárcel, como al parecer expresa el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal.

Indicó que Quintero pertenecía a una dependencia de la gobernación para analizar jurídicamente acciones de la entidad estatal y que por ende, no tuvo participación alguna en la generación de la presunta corrupción.

Sandra Urrea terminó su intervención expresando que su defendido no representa ningún peligro para la sociedad y que por ser capturado decidió renunciar a contratos que él tenía con las alcaldías de Montenegro y Calarcá, para así afrontar su proceso judicial.

Esta tarde Duberney Pareja, abogado de Isabel Cristina, expresaba con diapositivas y otros el porqué su protegida debería ser afectada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad y mañana el defensor de la familia Vergara Forero saldrá a la defensa.

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